Dictadura militar y sociedad civil. Clase media y responsabilidad colectiva en novelas argentinas de las últimas dos décadas. Viviana Plotnik*. Oglethorpe University, Estados Unidos

PDF

Fecha de recepción: 6 de enero de 2016

Fecha de aceptación: 11 de abril de 2016

Fecha de modificación: 1 de mayo de 2016

Resumen

Este trabajo analiza tres novelas argentinas: El secreto y las voces de Carlos Gamerro (2002), El colectivo de Eugenia Almeida (2009) y Lo que nosotras sabíamos de María Inés Krimer (2009), que reconstruyen asesinatos cometidos por el Estado durante la dictadura militar que gobernó en los setenta. Estos crímenes aparecen configurados como ritos de sacrificio en los cuales un chivo expiatorio es depositario de una violencia que evita otra mayor y cohesiona a la comunidad. Los textos también constituyen una condena a las clases medias que habrían facilitado o apoyado el terrorismo de Estado.

Palabras clave: dictadura, Argentina, complicidad, clase media, chivo expiatorio.

 

Military Dictatorship and Civil Society: Middle Class and Collective Responsibility in Argentine Novels of the Last Two Decades

Abstract

This work analyzes three Argentine novels:El secreto y las voces by Carlos Gamerro (2002), El colectivo by Eugenia Almeida (2009) and Lo que nosotras sabíamos by María Inés Krimer (2009), which reconstruct murders committed by the State during the military dictatorship that governed the country in the seventies. These crimes are configured as ritual sacrifices by which violence is focused on a scapegoat, thus avoiding a greater violence and uniting the community. The texts also condemn the middle classes for having facilitated or supported State terrorism.

Key words: dictatorship, Argentina, complicity, middle class, scapegoat.

 

 

No man, however strong, can ever accomplish anything, good or bad, without the help of others

(Hanna Arendt, Responsibility and Judgement)

En las dos últimas décadas los discursos sociales que circulan en los medios de comunicación revelan que la sociedad civil argentina se cuestiona cuál fue su responsabilidad durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, y si facilitó o fue cómplice de  las atrocidades que dicho régimen cometió. Durante las primeras décadas de la posdictadura predominaba la teoría de “los dos demonios” para explicar el reciente pasado traumático. Según esta hubo una guerra entre la guerrilla y el gobierno militar. Desde esta visión, la sociedad civil fue espectadora pasiva de un enfrentamiento del que estuvo distanciada. El énfasis, entonces, estaba puesto en los protagonistas de ese enfrentamiento, concebidos como víctimas y victimarios. A partir de la derogación en el año 2003 de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que limitaban la búsqueda de justicia y el fin de la impunidad para los violadores de los derechos humanos, comienza una etapa en la cual se juzga a decenas de militares acusados de torturar, asesinar y robar hijos de desaparecidas1. Es entonces cuando la sociedad toma conciencia de la complicidad necesaria de jueces, médicos, empresarios, periodistas y otros civiles para llevar a cabo la desaparición y muerte de treinta mil personas, así como la apropiación ilegal de aproximadamente quinientos recién nacidos. Desde entonces el foco de atención comienza a desplazarse a la sociedad civil no vinculada a la militancia política y a su rol durante la dictadura militar2.

          La ficción literaria se ha hecho eco de esta preocupación por la complicidad o colaboración  de la sociedad civil con la dictadura, concentrándose especialmente en el rol de las clases medias. Las novelas El secreto y las voces de Carlos Gamerro (2002), El colectivo de Eugenia Almeida (2009) y Lo que nosotras sabíamos de María Inés Krimer (2009) constituyen una crítica a los supuestos prejuicios, mezquindad, conformismo y cobardía de las clases medias que habrían facilitado o apoyado el terrorismo de Estado. Vale la pena tener en cuenta que desde los años sesenta la clase media argentina ha sido objeto de juicios negativos por parte de intelectuales, artistas y periodistas. Como explica Ezequiel Adamovsky en su estudio Historia de la clase media argentina, “clase media” es una identidad que representa a los sectores constituidos por una variedad de grupos sociales que no son trabajadores manuales ni ricos (13). Por ser “confusa, amorfa e imprecisa, la clase media siempre fue una categoría problemática” para las ciencias sociales (Oliven 202). Por eso en la actualidad se prefiere el uso del término “identidad social”, pues a diferencia de la categoría “clase social”, enfatiza la constitución de actores sociales, la cultura y el reconocimiento de las diferencias (Oliven 202). Como afirma Oliven: "Más que una posición en la estructura social, “clase media” pasó a ser una identidad que se constituyó al mismo tiempo en una aspiración. Ser de clase media significa dejar de ser “clase baja,” de ahí la importancia que los padres atribuyen a la educación de los hijos. Ser de clase media implica también una constante angustia ante la posibilidad de descender socialmente … Se trata, pues, de un concepto relacional: yo soy de clase media, usted es de clase baja…" (203-4).

          Esta identidad, al menos en el caso argentino, se apoya, además, en distinciones culturales y étnicas (115). De acuerdo con Adamovsky, hasta la década de 1930 en Argentina no existía todavía una identidad sólida de clase media.A partir de entonces se producen luchas obreras que motivan la apelación a los sectores medios de la sociedad para ser sostén del orden establecido. Así, estos sectores aparecen asociados insistentemente a la moderación y el equilibrio (Adamovsky 214). Es recién en la década de 1940, con el surgimiento del antiperonismo, cuando se afianza una robusta identidad de clase media en Argentina.

           Como nos recuerda Adamovsky, mediante el peronismo las clases populares argentinas se habían convertido en un sujeto político unificado con un lugar de influencia en las políticas de estado (254). Además, los pilares que definían el lugar de cada uno en la sociedad se habían visto profundamente sacudidos (266). Las clases humildes peronistas afirmaban su cultura y su identidad “en la Argentina blanca y europea que pretendía seguir excluyéndolos” (270). También desafiaban las normas de respetabilidad y “decencia” que la cultura dominante venía inculcando desde hacía décadas (267). Todos estos cambios que trajo el peronismo sacudieron los criterios sociales, culturales y raciales vigentes hasta entonces. Por eso, gran parte de “la reacción antiperonista tuvo que ver más con el disgusto por el debilitamiento de las normas culturales y las jerarquías y preeminencias sociales habituales, que con el hecho de que se lesionara algún interés puramente económico” (276). Mientras el Gobierno situaba al trabajador en primer plano, “el afán por ‘distinguirse’ de la masa fue para muchos más acuciante que nunca. Había que demostrar que uno, aunque no tuviera demasiado dinero, no era como esos ruidosos peronistas” (Adamovsky 372).  

          El desprecio hacia las clases bajas fue intenso durante esa época y contribuyó a la consolidación de una identidad de clase media marcada por su antiperonismo, sus pretensiones de “moralidad” y “decencia,” su fuerte identificación con la inmigración europea y su sentido de desempeñar una misión políticamente “moderadora” y democratizadora (Adamovsky 318). Como en tiempos de Sarmiento, las clases bajas (“negras” y peronistas) fueron asociadas a la “barbarie” que amenazaba la “civilización” argentina (Adamovsky 477). A partir de mediados de la década de 1960 se produjeron cambios políticos, sociales y culturales profundos. Muchos jóvenes de clase media comenzaron a manifestar disconformidad respecto de los valores en los que habían sido educados por considerarlos rígidos y limitados (Adamovsky 382). Además, en general, la sociedad argentina fue girando cada vez más a la izquierda, especialmente después de la Revolución Cubana, la proscripción del peronismo y los rumbos cada vez más represivos que tomaban las dictaduras militares. Este giro a la izquierda “estuvo acompañado de una revalorización de los trabajadores y los más humildes” (Adamovsky 383). Y en vista de la persistencia del peronismo entre estos, la clase media fue atacada por su antiperonismo. Intelectuales y políticos la acusaron de racismo, puritanismo y mojigatería, autoritarismo, individualismo, afán de figuración, identificación con la oligarquía, imitación servil de las pautas culturales extranjeras y desprecio por lo nacional y popular (Adamovsky 384-387)3.

           La caracterización negativa de la clase media es aún vigente en el imaginario cultural argentino, como lo demuestran las novelas que serán analizadas y también, desde la sociología, el estudio Los años setenta de la gente común de Sebastián Carassai. De acuerdo con este autor: "Sobre las clases medias argentinas suelen recaer juicios desaprobatorios y críticos. Existe una tendencia, nacida a mitad del siglo XX y aún vigente, a juzgarlas comparándolas con lo que deberían ser. Se las hubiera querido menos antiperonistas en los cincuenta, masivamente revolucionarias en los años sesenta y setenta, decididamente opositoras a la dictadura militar en 1976, menos indulgentes con las cesiones alfonsinistas a los poderes militar y económico en los años ochenta, antimenemistas en los noventa, y nuevamente más revolucionarias, aunque de otro modo, en la crisis económica y política de 2001" (289).

            Carassai sostiene que antes del golpe de estado del 76, las encuestas notaban que la intensificación de la violencia política era una de las preocupaciones fundamentales de la clase media. En consecuencia, poco después del golpe, se verificaba “una extendida disposición hacia su represión” y “a favor de que las nuevas autoridades militares procedieran con ‘mano dura’” (Carassai 171).  Al tomar en cuenta artefactos culturales de la época dirigidos a la clase media como revistas de consumo masivo, diarios, cine, programas de televisión, humor gráfico y publicidad, Carassai nota una presencia inusitada de armas y violencia con connotación positiva: “Las armas condensaban a nivel simbólico todo lo que, paradójicamente, se asociaba a lo vital: un triunfo glorioso o un éxito profesional, una conquista amorosa o una victoria política. La violencia del deseo fue también deseo de violencia” (286). Tanto esa profusa presencia de armas en los medios de comunicación “como la reivindicación de la agresividad, el vivir peligrosamente, la impiedad o la búsqueda de poder, constituyen una vía de acceso al mundo valorativo y al sistema de ideas predominante de los años setenta” (352). Por lo tanto, en la cultura masiva de esa década “ha quedado un registro inequívoco de la asombrosa naturalidad con que se aludía a las ideas de matar y de morir” (264).

          La exagerada presencia de armas y escenas violentas en la producción cultural de consumo masivo revela, para Carassai, un imaginario violento que se convirtió en el sustrato para  que prosperaran los diversos tipos de violencia como la social, la armada y la estatal. Esto dispuso un “fondo cultural agresivo y autoritario” (285) que naturalizó y banalizó la violencia, logrando que una buena parte de la sociedad se acostumbrara a la desaparición y secuestro de personas. La violencia, entonces, “integraba un orden simbólico que excedía a los actores políticos, y es allí donde deben rastrearse las fantasías sociales que sirvieron de soporte al comportamiento de amplios sectores sociales” (268).

           Este sustrato cultural agresivo está presente en las mencionadas novelas de Gamerro, Krimer y Almeida sobre los setenta. Las tres obras se enfocan en la complicidad de la sociedad civil con la violencia de Estado durante la dictadura militar. El modo en que dicha violencia se ejerce, se desea o se aprueba puede vincularse al rito del sacrificio que René Girard propone en sus estudios antropológico-literarios. A grandes rasgos, este rito constituye una expresión de violencia por parte de un grupo sobre un individuo en respuesta a la necesidad de evitar una violencia mayor (Girard 4). La forma de proceder es desplazando en el chivo expiatorio que se persigue y se sacrifica la violencia que, de lo contrario, se ejercería entre varios miembros de la comunidad. De este modo, es un acto de sustitución por el cual la víctima absorbe las tensiones, rivalidades y resentimientos internos del grupo, y como consecuencia este se cohesiona (Girard 7). El sacrificio, entonces, protege a la comunidad de mayor violencia, escogiendo a una víctima que no pertenece a la misma o que no comparte los lazos que unen al resto (Girard 8). Además, implica un acto de violencia sin riesgo de ser vengado (Girard 13).

          En el rito del sacrificio está implícita la responsabilidad colectiva, y de esto precisamente trata la novela El secreto y las voces de Carlos Gamerro. El narrador, un excombatiente de la guerra de Las Malvinas llamado Fefe, vuelve, después de veinte años, a Malihuel, el pequeño pueblo donde nacieron sus padres y donde solía pasar los veranos de la infancia visitando a sus abuelos. El objetivo de su regreso es averiguar información sobre el asesinato de su padre biológico, Darío Ezcurra, ocurrido durante la dictadura. A medida que el protagonista escucha numerosas y contradictorias versiones sobre la muerte de su padre, puede reconstruir no solo qué ocurrió con él, sino también el entramado de rivalidades, hipocresía, cobardía y complicidad colectiva que aqueja a un pueblo que aparenta ser apacible y tranquilo.

          Darío Ezcurra había sido un periodista que atacaba en sus artículos a un rico hacendado del pueblo con ambiciones políticas. Además se le habían atribuido sospechosos contactos con posibles guerrilleros del movimiento Montoneros. Numerosos habitantes de Malihuel sostienen que el hacendado resentido y otros vecinos notables del pueblo habían presionado al comisario para que, aprovechando el clima de violencia e impunidad que ofrecía la dictadura, matara a Ezcurra. Otros sostienen que las presiones partieron de un superior del comisario, un coronel que también lo quería muerto. El comisario, consciente de que en un pueblo tan pequeño era imposible encubrir un asesinato, llegó a un acuerdo con su superior: el asesinato no se llevaría a cabo si el comisario encontraba que los vecinos del pueblo le negaban su consenso. Para eso, consultó con numerosos ciudadanos pero ninguno se opuso al asesinato; por el contrario, algunos dieron su consentimiento con entusiasmo. El asesinato de Ezcurra, entonces, se convirtió en una crónica de una muerte anunciada ya que, como en la novela de García Márquez, eventualmente todo el pueblo se enteró de qué iba a pasar, excepto la futura víctima. A Ezcurra nadie le avisó que iban a matarlo: ni sus vecinos ni sus amigos ni sus amantes. El silencio del pueblo facilitó el crimen y algunos tuvieron un rol activo como cómplices, como el médico que le inyectó a Ezcurra un sedante y luego llamó a la policía para entregarlo después que se había escapado y refugiado en su clínica. Veinte años más tarde, la gente del pueblo miente o justifica su complicidad o silencio con todo tipo de pretextos que revelan cobardía, malicia y mezquindad.

           Los personajes de la novela pertenecen a la clase media: el farmacéutico, el médico, la enfermera, el dueño de un bar, el presidente del club náutico, el propietario de una fábrica de pastas y otros son parte de una comunidad que por complicidad o inacción condenó a Ezcurra a muerte. No por casualidad, el apellido de la familia con la cual el narrador se aloja durante su estadía en Malihuel es “Tuttolomondo”; es decir, representa a “todo el mundo” o a lo que Carissai llama “la gente común” o, más específicamente, la clase media. El comportamiento de este segmento social durante la dictadura militar es condenado no solamente de manera implícita a través de los hechos narrados, sino también explícitamente por el narrador y por el profesor Gagliardi. Este último representa la conciencia moral y la memoria histórica que sus coetáneos distorsionan con mentiras y olvidos convenientes. En efecto, Gagliardi es quien tiene la versión más completa y objetiva de los hechos. Significativamente, es un profesor de historia y vive en los márgenes del pueblo; es decir, se encuentra alejado geográfica y moralmente de los que lo han decepcionado por “cobardes” y “canallas” (217). No obstante, lleva el registro de los delitos, la corrupción y las miserias morales de cada uno de los habitantes de Malihuel porque, como él dice, “todos, en el pueblo, sabían lo que pasó, y tuvieron su parte de responsabilidad. Pero afirmar que todos fueron culpables así, de manera genérica, es casi como decir que nadie lo fue” (233).

            Gagliardi es una de las pocas voces confiables de la novela y tal vez el único que dice algo positivo de Ezcurra: “… fue un hombre valiente … Luchó por lo que creía justo, por una sociedad mejor, por los derechos de los menos favorecidos, a costa de sus propios intereses y a riesgo de su vida, que terminó ofrendando. Se alzó contra la mediocridad y la hipocresía, y no se lo perdonaron” (242). Aunque hay otros personajes que también elaboran explicaciones sobre las posibles motivaciones ideológicas o políticas para explicar el asesinato, no agotan ni la hostilidad que despertaba Ezcurra ni la complicidad del pueblo con un crimen que tiene todas las características de un sacrificio entendido como lo define Girard. Como se mencionó anteriormente, este rito constituye una expresión de violencia por parte de un grupo sobre un individuo en respuesta a la necesidad de evitar una violencia mayor. Precisamente, desde hacía años existían presiones políticas para trasladar las oficinas públicas de Malihuel a otro pueblo del distrito. El comisario estaba convencido de que si no cedía a la presión de su superior militar para que matara a Ezcurra, brindaba la excusa para que trasladaran su puesto y todos los demás. Por eso un personaje afirma que Ezcurra literalmente fue sacrificado: “Malihuel puede darse el lujo de perder a uno de sus habitantes, pero no a las fuentes de trabajo de todo el pueblo. Quizás viéndolo así tiene su lado positivo, ¿verdad? Fue un precio que hubo que pagar. Ezcurra terminó sacrificándose por el bien de todos” (42).  De manera similar, el panadero del pueblo relata que el comisario le había sugerido que si no daba el aval para el asesinato de Ezcurra, más gente moriría. El comisario le había dicho que “si no lo resolvíamos nosotros por las nuestras iban a venir los milicos desde Rosario e iban a terminar pagando el pato unos cuantos más”, dado que los policías pescan “con anzuelo [y] “los milicos pescan con red” (85). Otros afirman que Ezcurra fue “el granito de arena” (101) que el pueblo había aportado al régimen militar. Él, entonces, se convirtió en el chivo expiatorio que fue sacrificado para evitar mayor violencia.

            ¿Por qué fue Ezcurra el chivo expiatorio? En Malihuel había tensiones latentes que contribuyeron a que la elección recayera en Ezcurra, pero no solamente debido a motivos políticos o ideológicos. En Ezcurra se condensaban envidia y resentimientos de índole sexual, ya  que se lo percibía como un individuo sumamente seductor y atractivo para el sexo opuesto y, sobre todo, promiscuo. Lo recuerdan como “el playboy del pueblo” (21) y aseguran que son las mujeres “las que más se acuerdan de él. La mitad porque no las dejó llegar virgen al altar y la otra mitad porque sí” (22). Algunos creen que las “ilusas despechadas” que no consiguieron acostarse con él azuzaron “a un rebaño de cornudos imaginarios” para matarlo (75), por ejemplo al comisario, a quien le habrían hecho creer que Ezcurra se acostaba con su amante. En otras palabras, teniendo en cuenta la represión sexual y la hipocresía que aquejaba a esa clase media de los setenta, su muerte se configura en parte como un castigo por sus transgresiones sexuales. Por lo tanto, como afirma Girard que ocurre con las víctimas del sacrificio, Ezcurra absorbió las tensiones, rivalidades y resentimientos internos de la comunidad. Como consecuencia, esta se cohesionó bajo el manto de la complicidad y la culpa colectiva. Así, afirma el farmacéutico: “Todo el pueblo es responsable”, ya que el comisario “se encargó muy bien de ello, de hacernos a todos cómplices. Lo que no nos exime de culpa, todo lo contrario. Cuanto menos, pecamos por omisión; si no hicimos nada por condenar al pobre muchacho, tampoco hicimos los suficiente por salvarlo” (58). Para el narrador, el comisario consultó con los habitantes del pueblo para que lo frenaran. Concluye, entonces, que fue Malihuel y no el comisario quien decidió que Ezcurra muriera, pero que después “se lavaron las manos” y cargaron las culpas sobre él para cubrirse (84-85). 

          Malihuel constituye un microespacio que representaría a la clase media argentina colaboradora de la dictadura. Se manifiesta una variedad de reacciones entre los numerosos personajes que van desde la indiferencia a la complicidad criminal pasando por la aprobación explícita: las autoridades “nos hicieron un favor” (64) y la negación: Ezcurra “está vivo” y se escapó de sus acreedores (68). Girard sostiene que el rito del sacrificio implica un acto de violencia sin riesgo de ser vengado (13). Efectivamente, el único pariente que tenía Ezcurra era su madre, quien no representaba una amenaza en ese sentido. No obstante, ante su dolor y la impunidad del crimen, expresaba su protesta, rabia y pena de manera pública, por lo que también la asesinaron.

           Así como en esta novela lo ocurrido con Ezcurra y su madre se revela gradualmente a través de una multiplicidad de voces y versiones, en El colectivo de Eugenia Almeida también se recurre a varios personajes de un pequeño pueblo para reconstruir un crimen cometido durante la dictadura militar. La trama tiene lugar durante cuatro días de 1977 en que los militares aíslan al pueblo interrumpiendo la entrada o salida de vehículos, ya que buscan a una “subversiva”. Por lo tanto, el único autobús al que se le permite abandonar el pueblo deja de parar en su lugar habitual que es frente a la puerta del hotel. Esto provoca gran frustración entre deseosos viajeros que ignoran la razón de la interrupción del servicio. Entre estos se encuentra una pareja de forasteros alojados en dicho hotel, quienes, hartos de esperar, una noche deciden irse del pueblo a pie. Esa madrugada los militares los confunden con unos “subversivos” buscados y los matan a sangre fría. El error es encubierto alegando que la pareja falleció durante un enfrentamiento con el Ejército.

            El colectivo registra una pluralidad de voces que al comentar los hechos revelan prejuicios, conformismo y mezquindad que conducen a la complicidad, el apoyo o la indiferencia ante los crímenes de las autoridades. El pueblo está claramente dividido por las vías del tren en dos zonas de acuerdo a la clase social. A un lado se encuentra la clase media con el hotel, el médico, el club, la farmacia, la peluquería y la comisaría; y al otro lado hay negocios y casas pobres, una curandera, delincuencia y prostitución4.  La narración transcurre en el sector de la clase media y predominan los personajes provenientes de ese sector social. De hecho, se concentra en la historia personal y el punto de vista del abogado Ponce y su esposa Marta, erigiéndolos en representantes de una clase media enjuiciada. Hay énfasis en su resentimiento, frustración y represión sexual; también en sus prejuicios morales que sesgan su interpretación de la realidad y los conducen a aprobar el terrorismo de Estado.

           La pareja de forasteros alojada en el hotel del pueblo es singular objeto de la hostilidad de los Ponce. Sin saber nada de ellos, especulan que son amantes ya que: “Ella tiene aspecto de estar en falta, nerviosa” (13). Por la forma de vestir de la mujer concluyen que no es de una ciudad sino de otro pueblo: “… no son mujeres decentes, ¿qué hacen? ¿Por qué vienen acá? A este pueblo sólo se viene a hacer una diligencia o a pecar. Y él… seguro que es viajante” (16), afirma Marta Ponce. Considera que los viajantes “son todos iguales … Tienen dos o tres hijos y una tonta que los cuida. Nunca están en su casa, ésos. Llegan a un pueblo y corretean mujeres. Siempre hay una que no es decente y se deja. Después se van juntos a otro pueblo, para que no la reconozcan” (16). Con prejuicios similares, su marido se molesta cuando los oye reír en el bar del hotel o cuando ve a la mujer sentada en el regazo del hombre con los primeros botones del vestido desprendidos. Según su esposa: “Esa debe tener un marido que se desloma por ella. Y mirá cómo le paga. Pero, al final, la justicia llega” (108). Es decir, se merecen un castigo por inmorales.

           La actitud de los Ponce, sin embargo, no es singular sino que parece ser representativa de la clase media del lugar. Cuando la pareja de viajeros decide irse a pie a otro pueblo, se sabe que no conseguirán que alguien los lleve porque “los que tienen auto no aprueban a los viajantes y sus amigas” (75). Después que el Ejército los mata, cuando un personaje comenta que los confundieron con subversivos, la reacción de otro es no dudar de la versión oficial; por eso afirma: “Andarían metidos en algo raro” (139).

           Los forasteros son doblemente sospechosos, ya que han transgredido la prohibición velada de salir del pueblo y las normas morales vigentes. Constituyen, además, un cuerpo extraño en el cual se proyectan los deseos sexuales reprimidos y frustrados. Al ser los depositarios de una hostilidad exagerada, se convierten en chivos expiatorios. Su asesinato se percibe como un castigo merecido y como un sacrificio que permite la regeneración de la comunidad. Precisamente, luego del crimen, todo vuelve a la normalidad, “todo está tranquilo otra vez” (149) afirma un habitante. La muerte se trata con indiferencia: “El silencio es salud. ¿Para qué vamos a preocuparnos de un tipo de la ciudad que pasó unas horas en el pueblo?” (121), sostiene otro ciudadano.

           Antes de que mataran a la pareja, cuando la gente del pueblo iba a la parada del autobús como entretenimiento para ver si este paraba o no, se anticipa que algo terrible ocurrirá: “… se oyen gritos, ayes, epas, oles. La gente festeja, se asombra, se divierte. Parece una turba transparente celebrando una corrida de toros. Sólo que nadie se pregunta quién es el torero y quién va a morir para el placer de los otros” (86). La metáfora de la corrida de toros es apropiada ya que remite a un rito de sacrificio que anticipa el de la pareja que será asesinada. De nuevo, como en El secreto y las voces de Gamerro, los sacrificados se merecen el castigo por su promiscuidad.

          La tarea del Ejército fue facilitada por el miedo, la sumisión a la autoridad, el conformismo y el silencio de la población. De hecho, para impedir que algún vehículo entrara o saliera del pueblo se le pidió al guardabarrera que no levantara la barrera de la estación de tren por tiempo indeterminado sin dársele ninguna explicación. Tampoco la ha pedido, por eso afirma: “… mi trabajo no es preguntar. Yo solamente tengo que subir y bajar la barrera. Y si el comisario me dice que la baje, yo la bajo. El comisario es más autoridad que los de Ferrocarriles” (68). El propio comisario, cuando debe realizar acciones con las cuales no está de acuerdo, se justifica afirmando: “… yo también tengo que obedecer sin preguntar” (81). De manera similar, la orden de que el autobús no parara en el pueblo fue dada a la empresa y a los choferes, quienes obedecieron bajo amenaza de ser despedidos de sus trabajos. Además de obedecer, en el pueblo callan sobre los asesinatos. Un testigo circunstancial del crimen a sangre fría nunca contradijo la versión oficial de que fue el resultado de un enfrentamiento. Como observa un personaje: “Acá pasa cualquier cosa y nadie hace nada” (73). En la novela hay un personaje que constituye una excepción en cuanto a este conformismo. Se trata de Victoria, la hermana de Ponce, quien es consciente de los crímenes de la dictadura y ayuda a militantes fugitivos dándoles trabajo. Irónicamente, viaja a visitar a su hermano porque “necesita hablar de lo que no debe nombrarse” y cree que en ese otro pueblo quizás “las botas, los disparos no hayan llegado. No todavía” (106).

          Otro factor que conduce a apoyar la violencia de Estado es la malinterpretación de la información; es el caso respecto a lo sucedido con una muchacha del pueblo de apellido Fuentes. Esta estudiante universitaria y militante que solía ir a las fábricas para concientizar a los obreros fue secuestrada por el Ejército. Sus actividades políticas, sin embargo, fueron interpretadas erróneamente debido a un sesgo moralista. Marta Ponce afirma sobre la secuestrada: “Mirá vos si será atorranta que iba siempre a la hora en que salían los obreros. Y se quedaba, sola, charlando entre los hombres … Y después que me digan que las mujeres se hacen putas por falta de educación. ¡Mentira!  … Esa terminó como se merecía” (108). Es importante notar que el secuestro se produjo con la ayuda de un civil, pues cuando el Ejército buscaba a la muchacha, un vecino llamado Vidal denunció su escondite. Marta aprueba esa acción: “Estuvo bien Vidal. Y estuvo bien que los oficiales la atraparan delante de todos. Que las chicas sepan qué les pasa a las putas. Que todos sepan cómo terminan estas cosas” (109). Para ella, las autoridades militares tienen un rol positivo: “Limpian el pueblo, nos protegen. Hacen que podamos vivir tranquilos” (110).

          De manera similar, en la novela Lo que nosotras sabíamos de María Inés Krimer se condena el comportamiento de la clase media durante la dictadura militar. De nuevo, la trama tiene lugar en un espacio acotado, una villa cementera de quinientas personas empleadas por la empresa y sus familias. Otra vez, ocurren muertes que son silenciadas y banalizadas por una comunidad que revela prejuicios, cobardía, mezquindad y complicidad con la dictadura.

          La empresa cementera tenía lazos estrechos con el gobierno militar. De hecho, un regimiento de las fuerzas armadas estaba instalado en la vecindad de la compañía, por lo que los dueños, el personal de esta y los militares celebraban fiestas juntos y compartían actividades sociales y oficiales.  “Para  las empresas fue una época de oro” (33), ya que podían despedir personal a gusto y deshacerse de delegados sindicales denunciándolos al Gobierno.

          Ya en democracia y veintitrés años después de las muertes ocurridas en la villa cementera y en sus alrededores, el Consejo Deliberante convocó a la recopilación de documentos y testimonios con el fin de elaborar un informe sobre lo que había pasado durante la dictadura. Esos hechos son narrados por una primera persona femenina y plural; es un “nosotras” que representa a las esposas de los empleados jerárquicos más antiguos de la cementera o “las primeras.” Es un punto de vista frívolo, racista y pendiente del chisme que hace circular con maledicencia y sospecha condenatoria.

          Este grupo de “las primeras” se contrapone al de “las nuevas”, es decir, las esposas de empleados contratados más tarde. Las “primeras” habían mantenido su distancia, ya que las otras eran diferentes, “no querían aceptar el mundo tal cual era” (181) y tenían “ganas de cambiarlo todo” (17).  Entre las nuevas estaba Sonia, una mujer atractiva con varios amantes, quien después de un intento fallido finalmente se suicidó. Esta muerte es trivializada por la narradora como “el evento del año” (53), aunque el “cuerpo de Sonia no era el único que iban a sacar de la cantera” (72). La curiosidad de “las primeras” por la vida personal de Sonia, y sobre todo por sus aventuras sexuales, las conduce a la obtención de su diario. Escondidos en su solapa encuentran unos papeles que revelan la existencia de centros de tortura en el territorio del regimiento vecino y los asesinatos de varias personas por parte de los militares. La  narradora afirma que ella y sus amigas eligieron el silencio: aunque “el diario podría ser presentado como prueba, nosotras decidimos ocultarlo” (192). Años más tarde, cuando la dictadura ya había caído y se había reestablecido la democracia, sus maridos firmaron una protesta ante el Senado porque este se oponía al ascenso del militar que había estado a cargo del regimiento. De esta forma, apoyaban activamente a quien había sido responsable o cómplice del asesinato de varios ciudadanos. 

          Antes de encontrar la información sobre los crímenes de los militares, las mujeres preferían no saber o ignorar los rumores sobre qué ocurría: “¿Por qué habríamos de creer en lo que se decía? Y en caso de que hubiera sido cierto, ¿qué podíamos hacer nosotras? Acá estábamos al margen y si pasaban esas cosas estaba bien no darnos por enteradas” (124).  Sin embargo, ya en democracia continúa vigente el mecanismo de negación, como lo reconoce la narradora: “Incluso años después, cuando vino la gente del Informe a removerlo todo, las respuestas de los habitantes de la Villa siempre fueron del tipo ‘acá no pasó nada’” (104). Es vigente, también, la naturalización de la violencia. Por eso la narradora afirma que la “muerte, como el sexo, era algo que se daba de tanto en tanto” (51). La asociación de muerte y sexo no es casual, considerando que varias de “las nuevas” que son percibidas como promiscuas terminan muertas. Para el grupo de “las primeras” ese final implicaba un castigo inevitable: “Sus vidas estaban condenadas por alguna fuerza o poder oculto a terminar en tragedia” (181).

          Las transgresiones de “las nuevas” no competen solamente al plano de la sexualidad. Una hacía gestiones para esclarecer la desaparición de su hermano, abogado de un sindicato; otras habían firmado una solicitud protestando una medida tomada por la dictadura que afectaba a la universidad donde estudiaban. En contraste, “las primeras” se negaron a firmar: “… después de consultar a nuestros maridos decidimos no adherir a la protesta”, afirma la narradora, pues como decían sus maridos, “era mejor no meterse” (61). Por eso, para ellas “la ruina de la Villa empezó cuando llegaron las nuevas” (196). Su “culpabilidad” las convierte en chivos expiatorios, y sus muertes equivalen a un sacrificio que garantizaba la recuperación de la armonía de la comunidad.

          Para concluir, las víctimas en las tres novelas desafían y ofenden las normas morales de sus vecinos con su promiscuidad sexual y su falta de sumisión a la autoridad. Sus muertes son concebidas por comunidades cobardes y mezquinas como castigos merecidos. Décadas después reconstruyen ese pasado con hipocresía y mentiras. Vemos, entonces, que la narrativa argentina de las últimas décadas reitera la condena a la clase media presente desde la década del cincuenta y la actualiza con cargos de complicidad con la dictadura militar. En este sentido, los textos se hacen eco de un cuestionamiento instalado en el discurso social respecto a la responsabilidad moral y ética de la sociedad civil. También constituyen una señal de alerta sobre cómo no solo la acción sino también la omisión y el silencio facilitan el terrorismo de Estado.

__________

* Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla . Doctora en Literatura Hispanoamericana. New York University.

1. La Ley de Punto Final (1986) establecía la caducidad de la acción penal contra los imputados que no hubieran sido llamados a declarar ante de los sesenta días a partir de la promulgación de dicha ley. La Ley de Obediencia Debida (1987) establecía que los delitos cometidos por militares con rango por debajo de coronel no eran punibles. La apropiación de menores y de inmuebles de desaparecidos quedaba exceptuada de estas leyes, que fueron derogadas por el Congreso en el 2003.

2. En la última década esta preocupación se refleja en investigaciones sobre el papel del periodismo durante la dictadura (ver Borrelli), la complicidad de jueces que ignoraban denuncias de torturas y el rol de algunos empresarios en la desaparición de delegados sindicales (ver  “El plan del gobierno”). Hasta los psicoanalistas se han cuestionado si el auge de Lacan durante la dictadura no respondía a una adecuación ideológica a esta (ver Visacovsky).

3. Algunos de los ensayistas que más influyeron en la formación y difusión de los juicios negativos sobre la clase media que aún hoy circulan en la cultura argentina fueron Jorge Abelardo Ramos, Rodolfo Puiggrós, Tomás Eloy Martínez, Juan José Hernández Arregui, Arturo Jauretche y Juan José Sebreli.

4. Esta distribución social del espacio presenta dos anomalías: el abogado Ponce, quien, a pesar de la presión decidió vivir del lado “incorrecto”, y Gómez, quien debido a su trabajo como mensajero, transita con su bicicleta ambos espacios y por lo tanto tiene acceso a más fuentes de información que el resto.

 

BIBLIOGRAFÍA

Adamovsky, Ezequiel. Historia de la clase media argentina. Apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003. Buenos Aires: Planeta, 2009. Impreso.

Almeida, Eugenia. El colectivo. Buenos Aires: Edhasa, 2014. Impreso.

Borrelli, Marcelo. “¿Víctimas, héroes o cómplices? Memorias en disputa sobre el rol de la prensa durante la última dictadura militar”.  AVATARES de la comunicación y la cultura 1 (2010): 2-17.  Web.  3 de sept. de 2015. .

Carassai, Sebastián. Los años setenta de la gente común: la naturalización de la violencia. Buenos Aires: Siglo XXI, 2013. Impreso.

“El plan del gobierno para ir por los ‘cómplices económicos’ de la dictadura.” Perfil  4 abril 2014. Web. 8 junio 2015.

Gamerro, Carlos. El secreto y las voces. Buenos Aires: Edhasa, 2011. Impreso.

Girard, René. Violence and the Sacred. Trad. Patrick Gregory. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1977.  Impreso.

Krimer, María Inés. Lo que nosotras sabíamos. Buenos Aires: Planeta, 2009. Impreso.

Oliven, Rubén George. “Clase media, consumo y ciudadanía”. Clases medias. Nuevos enfoques desde la sociología, la historia y la antropología. Comps. Ezequiel Adamovsky, Sergio E. Visacovsky y Patricia Beatriz Vargas. Buenos Aires: Ariel, 2014. Impreso.

Visacovsky, Sergio E.  “1976-1983: Años de divanes alambrados”.  Revista de Cultura Ñ.   12 de diciembre de 2013. Web. 8 junio de 2015.

 

 

María Mercedes Andrade
Editora

Margarita Pérez
Asistente editorial

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.
Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 del 23 de febrero de 1949 Minjusticia.

Visitas: